El bar Rico Club, ubicado en la calle Niza 45, se ha convertido en un punto crítico para la seguridad en la Zona Rosa de la Ciudad de México. A pesar de presentarse como un espacio de libertad para la comunidad LGBTQDrag+, el establecimiento acumula un historial de agresiones brutales, denuncias de discriminación y cierres administrativos que se han intensificado entre 2022 y los primeros días de 2026.
El patrón de agresiones y la respuesta del establecimiento
La violencia en Rico Club ha seguido un ciclo repetitivo: Agresiones físicas severas por parte de su personal de seguridad seguidas de comunicados de «lamento» que rara vez frenan la reincidencia. El caso que marcó un antes y un después ocurrió en julio de 2022, cuando un grupo de jóvenes fue atacado con palas y piedras por el staff del lugar y comerciantes coludidos, mientras recibían insultos homofóbicos. En ese momento, el bar se limitó a ponerse a «disposición de las autoridades», aunque las víctimas denunciaron que el establecimiento incluso resguardó a los agresores dentro de sus instalaciones.
Para finales de septiembre de 2025, un nuevo video viral mostró a guardias de seguridad golpeando a un cliente en el suelo mientras impedían que otros lo auxiliaran. Ante la indignación pública, el establecimiento emitió un comunicado admitiendo que sus protocolos no fueron adecuados y anunció el despido de los guardias involucrados.
Sin embargo, la solución fue superficial, ya que apenas tres meses después, el 3 de enero de 2026, se registró una nueva agresión «arbitraria e injustificada» contra el hermano de una creadora de contenido, perpetrada nuevamente por cuatro elementos de seguridad. En esta última ocasión, el bar pidió «no adelantar conclusiones», una postura que ha sido duramente criticada por colectivos que exigen justicia real y no solo deslindes mediáticos.
Gestión y responsabilidad administrativa
Al frente de este controvertido negocio se encuentra David Rodrigo Alcántara Enríquez conocido en el medio como ‘DeivAlien’ que, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la titularidad de la marca ‘Rico Club’ le pertenece y además funge como el administrador central de las operaciones y la cara pública del establecimiento ante situaciones de crisis.
Alcántara es señalado como el principal responsable de la cultura laboral y de seguridad del sitio. Su gestión ha estado bajo la lupa no solo por la violencia física de su staff, sino por conflictos previos con figuras de la escena Drag y acusaciones de omisión ante los abusos ocurridos bajo su techo.
En noviembre de 2024, tras un altercado que involucró a la reconocida artista Regina Voce. Ante la presión social, «DeivAlien» se vio obligado a emitir una disculpa pública a través de sus redes sociales personales. En el mensaje, Alcántar reconoció que clientes y artistas han tenido ‘la peor de las experiencias de sus vidas’ en su local y apeló a un discurso de vulnerabilidad personal para intentar mitigar las críticas.
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Este comunicado fue percibido por muchos como una respuesta reactiva, ya que a pesar de asegurar estar ‘comprometido en mejorar todos los días’ y prometer que tales situaciones ‘no tienen que repetirse’, los incidentes violentos por parte de su personal de seguridad continuaron suscitándose.
Intervención de las autoridades
La respuesta gubernamental ha pasado de la vigilancia a la suspensión directa. Bajo la administración de Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc, el bar ha sido clausurado dos veces en menos de cuatro meses (octubre de 2025 y enero de 2026). Las autoridades han detectado que, más allá de la violencia, el lugar opera con graves faltas de protección civil: carece de personal médico capacitado, no tiene alarma sísmica funcional, ni extintores vigentes o puntos de reunión establecidos.
El Congreso de la Ciudad de México ha elevado el tono, exhortando a la Fiscalía a investigar estos incidentes no solo como riñas, sino como actos de discriminación estructural y crímenes de odio.
Aunque los sellos de suspensión suelen ser temporales y el bar ha logrado reabrir tras pagar multas administrativas, la presión social por un cierre definitivo aumenta ante la evidencia de que el establecimiento ha fallado sistemáticamente en garantizar la integridad de sus visitantes.
La persistencia de Rico Club como un foco de violencia en la Zona Rosa, a pesar de sus múltiples clausuras, evidencia una desconexión crítica entre los discursos de empatía de su dueño, y la realidad operativa de sus negocios. Mientras el establecimiento intenta contener el daño reputacional mediante comunicados en redes sociales que apelan a la ‘mejora constante’, los expedientes de protección civil y las denuncias ante la Fiscalía cuentan una historia distinta: la de un espacio que, bajo el amparo de la vida nocturna, ha fallado sistemáticamente en su deber básico de protección.
El futuro de Rico Club no solo depende de multas administrativas, sino de una exigencia social y legal que obligue a sus responsables a garantizar que la libertad de la comunidad LGBTQDrag+ no sea vulnerada por el mismo personal que debería resguardarla.
